El gobierno griego se enfrenta a un doble pulso, mientras el primer ministro Yorgos Papandréu viaja a Bruselas, miles de trabajadores se movilizan en todo el país contra las políticas de austeridad. A la espera de que se formalice por la denominada troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) una sexta entrega a Grecia de ocho mil millones de euros, está previsto que Papandréu se reúna con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y con su homólogo en el Eurogrupo, Jean-Claude Juncker.En declaraciones a la prensa Papandréu resaltó que de no obtener ese dinero inmediatamente "no podríamos pagar ni sueldos ni pensiones, y otras consecuencias que nos llevarían posiblemente a más repercusiones fuera de control".
Mientras tanto, el transporte público en Atenas permanecerá inactivo durante 48 horas, y con él la empresa nacional de electricidad, las aduanas, el canal estatal de televisión ERT, el servicio de recogida de basura y el personal de los hospitales públicos, entre otros.
Los trabajadores protestan de este modo contra los planes gubernamentales de despedir a 30 mil funcionarios, rebajar los sueldos hasta en un 40 por ciento, incrementar los impuestos y liberalizar áreas de la economía privatizando activos del Estado.
Un programa drástico de recortes que, lejos de solucionar los problemas de la economía griega, no hace sino agravar las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los ciudadanos e incrementar el deterioro, cuando no la desaparición, de los servicios públicos.
Si el miércoles se conoció el dato sobre el aumento en 15 por ciento del déficit griego durante los primeros nueve meses del año, hoy el representante de la Comisión Europea en la troika, Matthias Mors, reconocía haber subestimado la profundidad de la recesión y no haber previsto la evolución del caso griego.
En declaraciones al diario local Ekathimerini, Mors aseguró que el gobierno debería llevar a cabo una reestructuración completa del sector público, incluyendo otros aspectos además de la reducción a gran escala de trabajadores, y acelerar las reformas fiscales.
Pese a los problemas sociales y económicos que estas medidas generan en los ciudadanos, el responsable comunitario insistió en que el gobierno griego debe implementar tales políticas para así convencer a la comunidad internacional y a los miembros de la zona euro de que está comprometido con los objetivos propuestos.
La visión de los economistas críticos difiere sin embargo de estos presupuestos, a tenor de los cuales la ciudadanía griega tiene que soportar el coste de un sistema corrupto y clientelar cuyos únicos beneficiarios son las entidades financieras.
Consultado por Prensa Latina el economista Alberto Montero, Presidente del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEPS), aseguró que de continuar los planes de ajuste impuestos por la troika la quiebra del estado griego será inevitable.
Para Montero los responsables comunitarios no tienen ningún interés en salvar la economía griega o mejorar la situación en la que se encuentran sus ciudadanos, su único objetivo es garantizar la estabilidad del sistema financiero salvaguardando a los bancos acreedores de la deuda del país heleno.
Según explicó el dirigente del CEPS, la troika sólo está tratando de ganar tiempo para poder llevar a cabo la recapitalización de los bancos europeos antes de que el estado griego caiga en bancarrota.
Esta recapitalización se da en un contexto muy difícil, añadió, pues por un lado la mayoría de los bancos están en quiebra y por otro esta inyección de dinero procedente del Banco Central Europeo debería alcanzar a todas las entidades, tengan o no deuda griega, pues de otro modo las perjudicadas acabarían arrastrando a las otras.
